La corrupción se ha establecido como un fenómeno persistente que deteriora la confianza de la población en las instituciones, perpetuando de este modo un ciclo de inseguridad y descontento social. Según Proética (2024), en el 2023 el Perú ocupa el puesto 121 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, reflejando la fragilidad de su estructura institucional y la debilidad de los mecanismos de control. Bajo este contexto, la tesis central de este artículo se centra en analizar la corrupción como una problemática que no solo incide directamente en la seguridad ciudadana, sino que también conforma un obstáculo crítico que debilita la implementación y efectividad de las políticas públicas en dicho ámbito.

Existen distintos factores con un impacto significativo sobre la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana, entre los cuales están la falta de presupuesto, la escasa capacitación del personal, o la complejidad geográfica del Perú -por ejemplo, en regiones como el VRAEM la combinación de narcotráfico y presencia de grupos terroristas dificulta la implementación de políticas de seguridad. Sin embargo, aquel factor que ha ido cobrando mayor notoriedad es la corrupción. En los últimos años se han llevado a cabo casos de investigación que exponen la infiltración de la corrupción en el sistema judicial e instituciones como la Policía Nacional, socavando la capacidad operativa de las instituciones y el esfuerzo por combatir la delincuencia y dejando a la población en un estado de vulnerabilidad constante.

Entre los casos más notorios se encuentra “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el cual se expuso una red de corrupción en la que altos funcionarios negociaron rebajas de penas, realizaban gestiones indebidas y facilitaban ascensos irregulares a cambio de favores y beneficios personales (La República, 2023). Del mismo modo, en la reciente conmoción en la Policía Nacional del Perú (PNP) se reveló un considerable número de efectivos policiales en actividad y en retiro implicados en redes de extorsión (Infobae, 2024).

Esta situación resulta aún más alarmante debido a la falta de avances en las investigaciones, favoreciendo la impunidad y beneficiando a la delincuencia organizada. Según la Defensoría del Pueblo (2023), el 98 % de los casos de corrupción se encuentra en etapa de investigación fiscal: el 93 % (5,430) en investigación preliminar, el 5% (320) en investigación preparatoria, sólo el 0.4% (21) ha alcanzado la etapa intermedia y el 0.8% (45) está en juicio oral; por lo que resulta necesario una mayor celeridad en las investigaciones y la asignación adecuada de presupuesto.

La corrupción no es sólo un problema aislado, sino que puede ser el resultado de problemas estructurales más profundos como la desigualdad y la falta de oportunidades. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2018), la estrategia anticorrupción en el Perú se ha centrado en la aplicación de sanciones, dejando de lado aspectos estructurales que propician la corrupción. Por ello, combatir este problema requiere no solo imponer sanciones, sino también implementar políticas sociales que aborden sus causas estructurales, reduzcan la desigualdad y promuevan un desarrollo equitativo.

En conclusión, la corrupción es un factor determinante en la ineficacia de las políticas de seguridad ciudadana en el Perú; la desviación de recursos y la falta de transparencia en la implementación de políticas de seguridad ciudadana tienen un impacto directo en la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Además, es importante reconocer que la corrupción no actúa en solitario; factores como la complejidad geográfica y la desigualdad social también contribuyen al problema.

Desde mi punto de vista, las medidas de acción ante esta problemática requieren un enfoque integral que combine la lucha anticorrupción con la mejora de las capacidades operativas de las instituciones. Esto incluye aumentar la transparencia en el uso de recursos, fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y promover una cultura de integridad desde sus bases. Además, es crucial involucrarnos y asumir nuestro deber como ciudadanos, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades, apoyando iniciativas que promuevan la integridad y denunciando cualquier acto de corrupción que atente contra nuestra seguridad. Sólo de esta forma será posible romper el ciclo de impunidad y lograr construir un Perú más seguro y justo para todos.

Referencias