Pedro Castillo ganó la segunda vuelta electoral en medio de una contienda marcada por el racismo en el país. Muchos peruanos no aceptaron la idea de que un profesor de escuela rural y campesino sea el próximo presidente de la República. Sin embargo, la crispación ciudadana continúa a través de grupos de extrema derecha, promotores de discurso de odio hacia mujeres y comunidades indígenas.

Hace unos meses finalizó una campaña electoral marcada por comentarios discriminatorios hacia Pedro Castillo por algunos de los votantes de Fuerza Popular y aliados como el nobel Mario Vargas Llosa, quien llegó a afirmar que “para una inmensa mayoría de peruanos, sobre todo los peruanos de las ciudades, están más informados que el resto». Quizás una de las frases más recordadas fue “He tenido que venir hasta aquí” dicha por Fujimori, en alusión a la lejana y desconocida provincia de Chota (lugar del primer debate).

Las clases altas peruanas representadas por un grupo de empresarios reforzaron la estigmatización con grandes paneles publicitarios, en diversas ciudades del país, con anuncios como “Ganar más por mi esfuerzo es ser libre” o “Protege tu trabajo y libertad. No al comunismo”. Como si las personas en condiciones de pobreza fueran artífices de su situación y no merecerían ningún apoyo o protección social por parte del Estado.

 
A ellos se sumaron “influencers” y medios de comunicación quienes a través de las redes sociales afilaron su artillería hacia los votantes de Pedro Castillo llamándolos con total impunidad “terrorista” e “ignorantes” por el solo hecho de pensar diferente. Sin embargo, aquello sería solo la punta del “iceberg” de una serie de acciones que vendrían después de los resultados que emitiera la Oficina de Procesos Electorales (ONPE).

 
Fuerza Popular y sus aliados ahora tendrían el objetivo de dilatar la proclamación y anular 200 mil votos en zonas rurales, allí donde había perdido de manera abrumadora. Como mencionó el periodista Marco Avilés para un medio extranjero: “el proyecto de suprimir votos indígenas sellaba una campaña cargada de racismo verbal y describe la forma en que Fuerza Popular entiende el país. Impugnar votos rurales es una posibilidad atendible y digna de exponerse en público gracias a que el sentido común en el Perú nos dice que el país está dividido en dos tipos de ciudadanías: una ordenada, orientada al futuro, urbana (donde florecen las élites económicas), y una caótica, bárbara, “lejana”, orientada al fraude y en espera de “la civilización” (el Perú de indios y serranos)”.

 
Pero qué nos dicen los datos acerca del racismo. Para ello el Ministerio de Cultura, en el 2018 presentó la primera Encuesta Nacional “Percepción y actitudes sobre diversidad cultural y Discriminación étnico- racial”. Entre sus resultados más importantes se encuentran que más de la mitad de peruanos/as se ha sentido discriminado, entre las principales causas se encuentra el color de piel (28%), rasgos faciales (17%) y lugar de procedencia (16%). Sin embargo, apenas el 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista. En la misma línea, según el INEI (2018) más de la cuarta parte de los peruanos (25.7%) se auto perciben como indígenas (quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía).

En ese sentido, la crispada coyuntura electoral nos ha dejado muestra de lo arraigado que se encuentra el racismo en nuestra sociedad y ha sido usado en el discurso político para infravalorar los votos indígenas y campesinos. En la medida que abordemos el racismo como un problema público y nos comprometemos a diseñar políticas públicas con una mirada étnica creando igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas, entonces tendríamos ciudadanos formados en la diversidad, capaces de reconocerse en la interculturalidad y en las diferencias, valorarlas y respetarlas.

 
Cabe resaltar que finalizado el proceso electoral aún persisten comportamientos discriminatorios en torno al Presidente de la República. Por ello, abordaremos en un segundo artículo el racismo en un contexto post electora