Es innegable que los indicadores de competitividad a nivel mundial han determinado una gama de factores que logran definir si un país es competitivo o no. Dentro de estos factores, la institucionalidad ha sido considerada como aspecto clave para la puesta en marcha de acciones que fortalezcan la competitividad, debido al soporte que brinda, creando un entorno consolidado entre el sector productivo, el Estado y la academia. La institucionalidad se debe entender, pues, como el conjunto de reglas formales e informales (incluidas las rutinas y costumbres organizacionales) que se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales y, a la vez, enmarcar el contenido y la dinámica administrativa, política y económica de las políticas sociales (Repetto, 2004). Bajo estas circunstancias, en algunas economías emergentes – como el caso peruano – se han acogido estructuras institucionales que interrelacionan diversos sectores a nivel nacional y lo han extrapolado a sus regiones como mecanismos de fortalecimiento. No obstante, los esfuerzos de generación de instituciones sin una base sólida de aspectos que fomenten la articulación y el desempeño de dicha institucionalidad, ocasionan limitaciones y un ritmo bajo para el logro de resultados satisfactorios.

Tal es el caso de la región La Libertad, que desde hace más de una década ha venido experimentado un deterioro en calidad institucional: ¡Así de sorprendente!. Sin embargo, existen fake news en redes sociales de algunos medios de comunicación que anuncian y felicitan supuestos avances en pilares de competitividad que nunca mejoraron: todo lo contrario, empeoraron.

Realmente, ¿A qué se debe este deterioro?:

¿Acaso a improvisaciones?, por ejemplo, la menor ejecución del presupuesto público debido a la baja calidad en la gestión de las autoridades provinciales y regionales

¿Acaso a padrinazgos?, por ejemplo, denuncias por influencias a policías corruptos que tenían padrinazgo dentro del Área de Personal de la 3.ª Dirección Territorial de la PNP que les permitió que no sean rotados a prestar servicios a comisarías de la sierra de La Libertad

¿Acaso a amiguismos y compadrazgos?, por ejemplo, la denuncia de una legisladora por la designación a directores de Salud a través de la modalidad del compadrazgo en Trujillo, en el año 2018

En la Figura 1 se muestra la evolución del Índice Total de Competitividad y del pilar de Instituciones, durante un periodo de nueve años (2013-2022). Como se observa han existido periodos en los que, mientras que el ranking del Índice Total de Competitividad Regional (INCORE) empeoraba, el pilar de Instituciones mejoraba (y viceversa). Es decir, mientras la región mejoraba en pilares como el de Entorno Económico, Educación, Infraestructura, Laboral o de Salud, no se evidenciaba un buen desempeño en el pilar de Instituciones. A excepción del periodo 2016-2019, en el cual el Índice Total de Competitividad y el pilar de Instituciones siguieron un comportamiento, en tendencia, muy similar.

Según el INCORE, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el pilar de Instituciones está compuesto de 7 indicadores: ejecución de la inversión pública, percepción de la gestión pública regional, conflictividad social, victimización, homicidios, recaudación municipal por habitante y resolución de expedientes judiciales. Específicamente, los resultados del INCORE 2022 evidenciaron para este pilar tres hechos alarmantes en la región La Libertad: una mala percepción de la gestión pública regional, alto porcentaje de victimización por hechos delictivos y una lenta resolución de expedientes judiciales. Tal es así, que el 20.0% de la población urbana de 15 años en adelante fue víctima de algún hecho delictivo. Otro factor que influyó y se relaciona directamente con el pilar de Instituciones es el ratio de expedientes resueltos de la carga judicial, según el cual el 31.8% de ellos no han sido solucionados aún, lo cual muestra una severa carencia de eficacia por parte del sistema judicial en la región. Una de las respuestas, quizá, se encuentre en la existencia de pocas plataformas relacionadas a sistemas de gestión de archivos (poca eficiencia del uso de los recursos). Por otra parte, otro de los indicadores que conforman el pilar de Instituciones es el de ejecución de inversión pública, que evidenció que la región solo ejecutó el 66.5% de su presupuesto, del cual la mayor parte corresponde a gasto corriente.

Según Huerta (2021):

Así como el gobierno implementa las “mesas ejecutivas” para mejorar la competitividad del país en determinadas actividades económicas, similar debería ser para la inversión pública. Los tres niveles de gobierno deberían empezar a coordinar su participación en cada provincia de la región y definir sinergias técnicas, logísticas, y/o financieras, y cuellos de botella. Un ejemplo claro es que el nivel de ejecución por provincia es claramente diferenciado. Se requiere, en verdad, una mirada menos funcional y vertical, sino más bien horizontal y matricial.

No cabe duda de que el descenso de la región en el pilar Instituciones responde principalmente a un bajo nivel de capacidad de gestión de los recursos, especialmente en temas de seguridad y justicia. Según Acemoglu y Robinson (2012), esto pasa por dos razones en particular: un planeamiento cortoplacista y un sistema institucional no inclusivo; es decir, que no se está tomando en consideración ni la necesidad del ciudadano ni bienestar social. En concreto, nos encontramos ante un sistema de justicia ineficaz, lo cual es aprovechado por la delincuencia y se traduce en una mayor percepción sobre la inseguridad por parte de la población.

Esperemos pues que, en futuros trabajos como el Índice de Competitividad Regional 2023 elaborado por el Instituto Peruana de Economía (IPE), Estudios Prospectivos elaborados por el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) u otros, existan mejoras relacionadas al pilar de Instituciones. Pero, sobre todo, según Castilla et al. (2022) esperemos avanzar en cinco ámbitos en tanto se cuente con el liderazgo al más alto nivel y el equipo técnico que aproveche estos cambios: primero, acelerar el desarrollo de capacidades en las autoridades subnacionales que se vayan a elegir en los próximos comicios sobre la base de un diagnóstico de brechas y la activa participación de SERVIR y el MEF. Segundo, optimizar la gobernanza del proceso de descentralización según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y aplicar especialmente los estándares de gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relacionados a la calidad regulatoria con miras a una mayor simplificación administrativa. Tercero, ampliar la asistencia técnica, especialmente en el ámbito rural, a las unidades ejecutoras subnacionales. Cuarto, se requiere implementar sistemas informáticos para formular y evaluar proyectos de inversión pública en línea, a partir de la integración de las bases de datos del INEI, el banco de proyectos del Invierte.pe y el SIAF. Quinto, y finalmente, se recomienda continuar con los esfuerzos por hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre todo en los niveles subnacionales donde se presenta el mayor nivel de incumplimiento, a través de la adopción generalizada del gobierno electrónico, en particular, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que permita disminuir los costos de transacción que las instancias públicas les imponen a las personas y empresas.

Referencias bibliográficas.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. (5ta edición). Nueva York: Deusto. p. 63-35.

Castilla, L., Seinfeld, J., Besich, N., Trivelli, C., Gallardo, J., Matsuda, A., Bustamante, P., Marino, L., Von Hesse, M., Vinelli, M., Valencia, R. (2022). Propuestas del Bicentenario: Rutas para el Desarrollo Regional. Videnza Consultores. Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. Lima, Perú.

Instituto Peruano de Economía. (2021). Índice de Competitividad Regional – INCORE 2021. Lima, Perú.

Repetto, F. (2004), “Capacidad estatal-requisito necesario para una mejor política social en América Latina”, Documentos de Trabajo del INDES, I-52, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Siente Trujillo (8 de noviembre del 2021). Entrevista con Francisco Huerta Benites, director ejecutivo del Instituto de Economía y Empresa SAC: Municipalidades y Gobierno gestionan más del 90% del presupuesto de inversión pública en La Libertad