¿Y qué tenemos pendiente con la comunidad LGBTIQ+?

Artículo de Opinión

¿Y qué tenemos pendiente con la comunidad LGBTIQ+?

En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, es necesario, como sociedad, reflexionar sobre la agenda de política que todavía sigue pendiente, y que parece cada vez más lejana para este colectivo en el país. Los actos de violencia, la discriminación laboral y la falta de una adecuada atención médica son parte de la problemática que aqueja a los ciudadanos de este colectivo, a pesar que según los dos primeros artículos de la Carta Magna, toda pesona humana tiene derecho al respeto de su dignidad y a no ser discriminado por su sexo o cualquier otra índole.

Los actos de violencia

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó una encuesta virtual para personas LGBTIQ+, en la cual el 62,7% de participantes revelaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia, principalmente en espacios públicos (65,6%) y en el ámbito educativo (57,6%). En cuanto a la identidad del agresor, el 55,8% son los compañeros de escuela y/o padres de estos, seguido por líderes religiosos (42,7%).

Únicamente, el 4,4% de los afectados por actos de violencia denunciaron la última situación discriminatoria sufrida, pues, la mayoría piensa que es una pérdida de tiempo o tiene temor a que probablemente quienes los atienden en la comisaría o servicios donde se hacen denuncias, piensen que no es grave o que ellos se lo merecen.

Bajo este contexto de violencia y la ausencia de un marco normativo concreto a favor de la comunidad LGBTIQ+, el desarrollo de su vida plena e integral, como ciudadanos de este país, se ha visto afectado. Por ello, necesitamos seguir avanzando en la protección de su derecho a una vida digna, sin violencia y a una verdadera inclusión como agentes de nuestra sociedad.

La discriminación laboral

Otro aspecto pendiente es la lucha contra la discriminación de la población LGBTIQ+. En particular, la prohibición de prácticas discriminatorias en las ofertas laborales y en las relaciones de trabajo. Según los datos del INEI (2018), el 11.5% manifestó haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo, tales como incumplimiento de pagos, trabajo fuera del horario laboral, amenazas y agresiones físicas, verbales o sexuales. Bajo este contexto, podemos pensar que la escasez de denuncias relacionadas a dichos delitos posiblemente se deba a la falta de implementación y difusión de mecanismos de denuncia que están disponibles para las víctimas de estos delitos.

La falta de una adecuada atención médica

El tercer punto en la agenda pendiente para la comunidad LGBTIQ+ corresponde a la implementación de protocolos que tomen en consideración la orientación sexual y la identidad de género de las personas en los diversos niveles de atención. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015) considera que la población LGBTIQ+ experimenta actos de discriminación y maltratos cuando acuden a los servicios de salud, por lo que, esta entidad ha solicitado que los estados adopten políticas públicas que aseguren el ejercicio de derecho a la salud a este colectivo.

El sistema de salud público podría integrar plenamente en sus prácticas un trato respetuoso y adecuado a favor de esta comunidad pero sobre todo a favor del respeto de la dignidad de todas las personas sin distinción

En el Perú, el servicio público de salud para la población LGBTIQ+ se encuentra enfocado principalmente en la prevención y el tratamiento del VIH/Sida y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, es importante que todos los procedimientos sanitarios integren mecanismos que aseguren la confidencialidad y el respeto de las personas LGBTIQ+ para la obtención de tal información.


Por otro lado, cabe indicar que si bien se tiene como lineamiento de atención del MIMP para la comunidad LGBTIQ+ al Protocolo Base de Actuación conjunta donde se reconoce que ‘las personas LGBTIQ+ deberán de ser atendidas en pleno respeto de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género’, este solo se limita a los casos de violencia. Por ello, el Estado también debería destinar esfuerzos en atender las necesidades diferenciadas del colectivo en la salud sexual, reproductiva, física y mental. Con ello, el sistema de salud público podría integrar plenamente en sus prácticas un trato respetuoso y adecuado a favor de esta comunidad pero sobre todo a favor del respeto de la dignidad de todas las personas sin distinción.

Reflexiones finales

En conclusión, no podemos ignorar los esfuerzos realizados para mitigar el escenario de desprotección en el que se encuentra la población LGBTIQ+; sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en este ámbito, en especial en las situaciones que afectan a esta comunidad en los aspectos mencionados en este artículo. Por ello, queda claro que es importante, desde el estado, impulsar la producción de información estadística que nos permita evidenciar la situación actual que afronta la comunidad LGBTIQ+ y que dicha información sea puesta a disposición de los distintos sectores y niveles de gobierno, dado que ello permitirá que se puedan implementar políticas públicas y planes de trabajo orientados a revertir el contexto de desprotección de sus derechos fundamentales como identidad, salud, trabajo, educación, entre otros.


Bibliografía:

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI, 2017

• ONU: Consejo de Derechos Humanos (2015) Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género : Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/29/23, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/557157c44.html

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