Es la frase que hoy escuchamos vociferar en las calles, no solo de Lima sino en todo el Perú, principalmente en aquellas regiones en donde las protestas han calado con mayor intensidad; sin embargo, cabe preguntarnos si en efecto nos encontramos frente a una democracia que ya no es democracia.

Para ello y de acuerdo con el Índice de Democracia 2022, publicado recientemente por la revista The Economist, nos muestra que hoy por hoy el Perú es un régimen hibrido mas cerca al autoritarismo que a una democracia en sí mismo. Este índice mide el desempeño de un estado en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Es importante analizar cómo llegamos a este punto, hacia donde vamos y que respuesta podemos dar frente a la situación actual en la que nos encontramos producto de la inestabilidad política y los conflictos sociales.

Partamos por ver como desde antes que el expresidente Castillo asuma la conducción del país se formaron distintos grupos/coaliciones que buscaban su destitución, que iban desde gritos airados de fraude hasta buscar mecanismos para poder vacarlo, recordemos que afrontó tres mociones de vacancia desde que asumió el cargo en julio de 2021.

Lo cual desencadenó una serie de protestas al interior del país, que muy por el contrario de procurar dar salidas a las demandas se aplicaron mecanismos de represión que condujo al lamentable saldo de más de 60 personas fallecidas de manos de la policía y del ejercito como el caso de Ayacucho y Juliaca, donde hasta la fecha fallecieron 10 y 18 peruanos respectivamente.

Sin embargo, dicha inestabilidad en la cual se vio inmerso su gobierno también vino desde sus filas con el copamiento y desmantelamiento institucional con personajes cuestionados y sin las capacidades para atender las necesidades que demanda la ciudadanía, reflejado en los 78 ministros nombrados en los cerca de 16 meses de gestión. Es cierto que también enfrentó investigaciones que terminaron en una denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, imputándosele liderar una organización criminal en el interior de su gobierno.

Pero su gobierno llegaría a su fin tras aquel mensaje a la nación en donde, con la voz y manos temblorosas, planteó un golpe de estado al pretender disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de convocar a un nuevo congreso con facultades constituyentes. Producto de ello, y tras la vacancia aprobada por el congreso, se produjo la sucesión presidencial de Dina Boluarte, quien formó parte de la plancha presidencial como segunda vicepresidenta, por lo que pasaba a convertirse en la sexta presidente en cinco años, acentuándose más la crisis política.

Si bien se esperaba que el nuevo gobierno sea uno de transición, desde la toma de mando demostró que no sería así al juramentar al cargo hasta el 26 de julio del 2026. Lo cual desencadenó una serie de protestas al interior del país, que muy por el contrario de procurar dar salidas a las demandas se aplicaron mecanismos de represión que condujo al lamentable saldo de más de 60 personas fallecidas de manos de la policía y del ejercito como el caso de Ayacucho y Juliaca, donde hasta la fecha fallecieron 10 y 18 peruanos respectivamente. Como consecuencia de dicho accionar muy alejados del Estado de Derecho, llevó al gobierno a declarar estado de emergencia en más de siete regiones, siendo inaceptable que en el caso puntual de Puno sean las Fuerzas Armadas quienes tengan el control del orden interno, cuando esta es tarea exclusiva de la policía.

Asimismo, también presenciamos como las autoridades confluidas con los medios de comunicación nacionales buscan construir un discurso de estigmatización y deslegitimación contra las demandas de los ciudadanos. Hay varias razones que lo demuestran, como las afirmaciones vertidas por la presidenta Boluarte, quien afirmó que las muertes en Puno fueron provocadas por el impacto de armas artesanales denominadas Dum-Dum, las mismas que habían entrado por contrabando desde Bolivia, o la canciller Gervasi que en una reciente entrevista al New York Time reconoce que no se cuenta con pruebas que demuestren que las protestas hayan sido financiadas por criminales.

Además, tenemos una policía politizada, que bajo el manto de “la promoción de una cultura de tolerancia cero al terrorismo”, habilitó un correo para recibir denuncias ciudadanas por el delito de apología del terrorismo en redes sociales, lo cual como ha sido manifestado por autoridades y organismos internacionales no es más que una excusa para perseguir a los que hoy se encuentran demandando cambios estructurales.

En este punto cabe preguntarnos cómo responder ante el escenario actual en el cual nos encontramos. No hay respuesta correcta, pero es determinante dar señales a través de desprendimientos por parte de aquellos actores políticos que hoy tienen la potestad de emprender los cambios que la población aclama. Sin embargo, como ya hemos visto los gestos desde el ejecutivo muy difícil van a calmar y por ende desmovilizar las distintas protestas.

Por ello es imperativo que se produzca la renuncia de Dina Boluarte, quien representa todo lo malo que debe hacer quien constitucionalmente personifica a la Nación en un Estado de Derecho, debido a que ello daría pie a que asuma el presidente del Congreso, bajo una nueva mesa directiva de consenso, y esta llame a nuevas elecciones generales, para que en los meses venideros se llegue a entablar mecanismos de diálogo entre las nuevas autoridades y los representantes de las organizaciones que actualmente sostienen las diferentes reclamos, de lo contrario seguiremos inmersos en un torrente en donde los llamados a dialogar simplemente buscan silenciar aquellas voces opuestas.