Según el Observatorio para la Democracia y la Gobernabilidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el ciclo de protestas sociales ocurridas durante septiembre de 2022 y enero de 2023 causó 67 muertes, de las cuales la gran mayoría (56) se debieron a enfrentamientos con las fuerzas del orden[1].

El miércoles 11 de diciembre de 2024 el ministro de educación de Perú, Morgan Quero, sostuvo declaraciones desafortunadas al ser interrogado por el diario La República sobre tales decesos, sobre los cuales expresó que “los derechos humanos son para personas, no para las ratas [2]” Desafortunadamente, a pesar de haber manifestado sus disculpas tiempo después, no es la primera vez que muestra desaciertos de tal magnitud en sus declaraciones. En una entrevista llevada a cabo el 14 de junio del mismo año, se consultó al ministro su opinión acerca de los actos de abuso sexual cometidos hacia menores de edad de la etnia awajún, indicando que estos podrían deberse a “prácticas culturales [3]”. En vista de tales sucesos, el ministro parece incapaz de evitar declaraciones que agravian a la población y ponen en evidencia a un funcionario público con una marcada desconexión de la realidad; y a pesar de haber sido interpelado por el Congreso de la República, las acciones de control político ejercidas no derivaron en medidas efectivas [4].

En este contexto, una de las medidas que se ha ido debatiendo con frecuencia es la vacancia por incapacidad moral. Es necesario mencionar que, ya que el Perú es un país presidencialista -donde el presidente es electo por sufragio universal y, a su vez, es jefe de Estado y jefe de Gobierno[5] – no resulta viable utilizar la medida de vacancia presidencial por incapacidad moral como herramienta de “censura” hacia el presidente de turno, ya que este carece de responsabilidad política. No obstante, esta responsabilidad sí recae en los ministros designados por este. Según el artículo 132 de la Constitución Política del Perú:

El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial. (Art. 132, párrafo 1) [6].

Por lo tanto, si bien las declaraciones del ministro no constituyen una infracción penal o constitucional en sí mismas -cuya evaluación corresponde a distintas instancias como el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, entre otras entidades del Estado-, lo cierto es que pueden considerarse como irresponsabilidad política, motivo por el cual un ministro podría ser destituido por el Congreso de la República.

Con todo lo mencionado anteriormente, en caso de no ser removido por la actual presidenta de la nación, Dina Boluarte, corresponde al Congreso de la República citar y censurar a Morgan Quero de su cargo como Ministro de Educación del Perú, ya que al haber demostrado de forma persistente una conducta hostil y una comprensión aislada de la realidad nacional sobre las problemáticas actuales, su desempeño no refleja las virtudes de un funcionario público capaz de dirigir las políticas de educación a nivel nacional.

Referencias

1. Aragón, J., Cruz, M., Alcántara, K. y Sánchez, P. (2024, versión del 20 de mayo). Dashboard de Pérdidas Humanas durante el estallido social en el Perú. Observatorio de Democracia y Gobernabilidad. Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP.
2. Muñoz, D. (2024, 11 de diciembre). Morgan Quero insulta a fallecidos de las protestas contra Dina Boluarte: “Los Derechos Humanos son para las personas, no para las ratas”. La República.
3. Torres, C. (2024, 14 de junio). Morgan Quero califica como posible “práctica cultural” las presuntas violaciones sexuales contra niñas awajún. Canal N.
4. Redacción EC. (2024, 5 de agosto). Congreso: archivan moción de censura a ministros de Educación y de la Mujer por caso de escolares awajún. El Comercio.
5. Sartori, G. (1994). Ingeniería Constitucional Comparada: una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
6. Constitución Política del Perú, 29 de diciembre de 1993.